José Carlos Botto Cayo
El 27 de julio de 1974 marcó un hito sombrío en la historia del periodismo peruano. Aquel día, el régimen militar liderado por Juan Velasco Alvarado ejecutó la incautación masiva de los principales medios de comunicación del país, un proceso que se venía gestando desde años atrás. El asalto no comenzó de improviso. En diciembre de 1969, con la promulgación del Decreto Ley 18075 —bautizado por el propio régimen como “Estatuto de la Libertad de Prensa”— se establecieron controles férreos sobre diarios, revistas, emisoras de radio y canales de televisión. Le siguió, en 1970, la expropiación de Expreso y Extra, bajo el argumento de democratizar la información, cuando en realidad se trataba de la consolidación de un aparato comunicacional al servicio del Estado. En 1971, la llamada Ley General de Telecomunicaciones otorgó al gobierno el control mayoritario sobre la televisión y la radio, desplazando la iniciativa privada mediante decretos que obligaban a ceder acciones y frecuencias. En ese contexto, la madrugada del 27 de julio de 1974, agentes de Seguridad del Estado irrumpieron en las sedes de diarios como Correo, Ojo, Última Hora, La Prensa y El Comercio, entre otros, desalojando a directivos y periodistas. Algunos medios pasaron simbólicamente a sindicatos, otros a organizaciones campesinas o cooperativas. Pero tras esa narrativa oficial de “comunicación del pueblo” se escondía un sistema de censura, propaganda y dirección vertical desde el poder.
Durante los años siguientes, los diarios incautados funcionaron bajo directivas impuestas por el régimen militar, que nombraba editores, definía líneas editoriales y clausuraba toda disidencia. La promesa de transferir los medios a sectores populares jamás se concretó: las comunidades campesinas, las asociaciones culturales o los gremios mencionados no ejercieron en la práctica ninguna gestión real. La prensa fue transformada en un instrumento de legitimación del gobierno, acallando voces, redirigiendo agendas y consolidando una visión única. Los ciudadanos que protestaron contra las confiscaciones —en calles del centro de Lima o desde pequeños círculos intelectuales— fueron reprimidos, detenidos o silenciados. La censura se volvió parte cotidiana del quehacer noticioso. En 1979, el general Francisco Morales Bermúdez reconoció públicamente que la expropiación de los medios había sido “el mayor error del Gobierno”. Pero recién con el retorno a la democracia en 1980, y bajo el compromiso firme del presidente electo Fernando Belaunde Terry, se restauró la propiedad original de los medios. El 28 de julio de ese año, mediante decreto supremo, se devolvieron los diarios incautados a sus legítimos propietarios, poniendo fin a un período de seis años de prensa tutelada. Esta etapa, que afectó por igual a periodistas, lectores y a la memoria crítica del país, nos recuerda que sin prensa libre no hay ciudadanía plena. Las lecciones de ese periodo siguen vigentes: toda democracia se resiente cuando se intenta domesticar la verdad.
